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Octubre 27, 2014.- Al menos 51 personas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios, han sido detenidas en cuatro comunidades autónomas españolas en una macrooperación contra la corrupción, informa el diario 'El País'.
Octubre 27, 2014.- Al menos 51 personas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios, han sido detenidas en cuatro comunidades autónomas españolas en una macrooperación contra la corrupción, informa el diario 'El País'.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una macrooperación contra una trama de supuesta corrupción municipal y regional infiltrada en varios Ayuntamientos y entidades provinciales y autonómicas de Madrid, Murcia, León y Valencia. Según la Fiscalía Anticorrupción, el valor de las adjudicaciones obtenidas de forma irregular asciende a 250 millones de euros. Ya hay 51 detenidos, entre políticos, empresarios y funcionarios. En esta operación han sido arrestados el hombre fuerte del Gobierno de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, seis alcaldes de Madrid y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP.
Fuentes jurídicas informan de que no se trata de una trama de financiación irregular de partidos, sino de gente que está en política, a la que se le acaba la carrera, y "se corrompe para lucro personal". El PP ha anunciado que suspenderá de militancia a los detenidos y exigirá su dimisión.
En esta trama, según las mismas fuentes, se investiga a los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca como ejes sobre los que se extendió la red. Ambos, con destacados contactos entre las Administraciones locales y regionales —entre los que se encontraba Francisco Granados—, extendieron el entramado. Marjaliza lo hizo, sobre todo, en la Comunidad de Madrid y desde Valdemoro, donde consolidó su carrera como constructor. De Pedro, en la costa mediterránea, donde desarrolló un negocio de consultoría de servicios, lo que le llevó a relacionarse con las Administraciones valenciana y murciana, según las primeras pesquisas. La empresa de este último, EICO, ubicada en el centro de Valencia, también ha sido registrada por la Guardia Civil, que ha desplegado a 150 efectivos para ejecutar la operación.
Fuentes jurídicas informan de que no se trata de una trama de financiación irregular de partidos, sino de gente que está en política, a la que se le acaba la carrera, y "se corrompe para lucro personal". El PP ha anunciado que suspenderá de militancia a los detenidos y exigirá su dimisión.
En esta trama, según las mismas fuentes, se investiga a los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca como ejes sobre los que se extendió la red. Ambos, con destacados contactos entre las Administraciones locales y regionales —entre los que se encontraba Francisco Granados—, extendieron el entramado. Marjaliza lo hizo, sobre todo, en la Comunidad de Madrid y desde Valdemoro, donde consolidó su carrera como constructor. De Pedro, en la costa mediterránea, donde desarrolló un negocio de consultoría de servicios, lo que le llevó a relacionarse con las Administraciones valenciana y murciana, según las primeras pesquisas. La empresa de este último, EICO, ubicada en el centro de Valencia, también ha sido registrada por la Guardia Civil, que ha desplegado a 150 efectivos para ejecutar la operación.
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